Megaupload y la cueva de Alí Babá

Probablemente muy pocos (y, de los que usamos Internet a diario, menos) no se hayan enterado todavía de la que seguramente será una de las noticias más sonadas del año: el cierre por parte de las autoridades de los EEUU del servidor de descargas Megaupload.

La clausura de una de las webs más conocidas y utilizadas de Internet ha generado una verdadera ola de opiniones y reacciones en todo el mundo, incluyendo la del grupo Anonymous, que ha aireado públicamente diversos datos de varios responsables del FBI y ha hackeado numerosas webs pertenecientes al Gobierno estadounidense y a las grandes compañías del sector audiovisual. La postura más común y, quizás, más notoria, ha sido la de aquellos internautas que se han mostrado radicalmente contrarios al cierre de Megaupload. Muchos de estos  han esgrimido argumentos como que estamos ante el comienzo de la censura en la red de redes, un intento de las grandes compañías discográficas y productoras de cine para recuperar parte de los ingresos que llevan años dejando de ganar o que esto es el principio del fin de nuestra libertad como usuarios.

Bien, tal vez los que así opinan no se hayan parado a pensar que el drama de todo este asunto se encuentra en aquellos artistas y creadores que no obtienen beneficio alguno por una porción demasiado elevada de su trabajo. ¿Alguien ve lógico que un pastelero sólo pueda vender la mitad de las tartas que hace a diario en su negocio porque la otra mitad se la han comido, sin pagar cantidad alguna, los clientes? Un disco, una película o un libro requiere un enorme esfuerzo, no sólo material, sino también intelectual: detrás de un emocionante guión, una buena canción o un interesante libro hay una persona que ha dedicado mucho tiempo (eso tan valioso de lo que, a pesar de lo que creemos, tenemos tan poco) de su vida a concebirlo. Eso por no hablar de los profesionales que, de manera indirecta, se ven afectados por el robo de contenidos culturales (desde el que suministra los equipos de sonido a una discográfica hasta la señora que limpia los estudios, pasando por el señor que tiene una tienda de discos o películas, el que conduce el camión de la distribuidora encargada de la entrega de los artículos o el diseñador gráfico que idea la portada de un nuevo disco).

Nadie niega que los precios son, en muchas ocasiones, elevados para el consumidor medio, pero eso no nos otorga a ninguno el derecho a poder hacernos gratuitamente con lo que no es nuestro. Siguiendo con el ejemplo del pastelero anterior, ¿le da derecho a llevarse sin pagar las tartas a los clientes el que el dueño de la pastelería establezca un importe desproporcionado por ellas? Lo lógico es que, si uno no está de acuerdo con la cantidad que se  pide por algo, no se compre ese algo.

Que apenas exista un control en Internet no significa que haya barra libre. La libertad propia acaba donde comienza la del otro y, con el tema de las descargas ilegales, se ha vulnerado la libertad de los creadores a establecer un precio libre por su trabajo. En caso de que no podamos o no queramos pagar dicho precio, la solución es tan fácil como no comprar, tras lo que podrán pasar dos cosas: 1) los dueños de los derechos de autor se verán obligados a bajar los precios por falta de demanda o 2) haya demanda para esos artículos ofertados a un precio que nosotros consideramos elevado.

En caso de producirse lo segundo, sólo nos quedará ahorrar o buscar otro libro, película o disco parecido a un menor precio. ¿No es eso lo que hacemos cuando  no podemos adquirir un coche de alta gama? ¿Por qué entonces no se sigue la misma lógica con la cultura?

La cultura no puede ni debe ser gratuita porque los autores tienen derecho a vivir conforme a su talento y, además, son libres de ponerle el precio que estimen oportuno a sus obras, de la misma forma que los consumidores somos también libres de comprar o no comprar sus trabajos. Un arquitecto muy prestigioso es normal que reciba unos ingresos mayores por sus diseños que uno de menor fama, del mismo modo que un cantante es comprensible y justo que gane más por su producto que uno de menor calidad.

De todas maneras, y ya fuera del debate sobre la aceptabilidad o no de descargarse contenidos sin que el dueño reciba gratificación alguna, Megaupload sirvió como medio de enriquecimiento para sus propietarios, los cuales se ha demostrado de manera sobrada que obtuvieron pingües beneficios ofertando a los internautas la posibilidad de hacerse con miles de contenidos,  protegidos o no, sin tener que abonar cantidad alguna. Lo único que había que pagar, de manera opcional, era la cuota para aquellos que quisieran descargar sin límite por parte del servidor.

El dueño de Megaupload, Kim Schmitz, con uno de sus deportivos

Que una parte de los afectados por el cierre de Megaupload usaron esta web para almacenar documentos y datos personales es una realidad (los perjudicados deben ser compensador por el daño causado, ya que no han cometido ninguna falta), pero no podemos ni debemos dejarnos confundir por los que esgrimen esta verdad como argumento contra la actuación llevada a cabo por el FBI: Megaupload se había convertido en sinónimo por todo el planeta de descarga de películas, canciones y, con la aparición de los libros electrónicos, obras literarias. Puede que sus responsables no deban ser juzgados (cabe la posibilidad remota de que desconocieran el uso que los internautas le daban a su página), pero Megaupload no podía seguir abierta por lo que en ella se hacía, al igual que una discoteca que sirva como lugar para intercambiar droga tampoco debería estarlo.

La solución a este problema no es fácil (como reza el dicho popular, “hecha la ley, hecha la trampa”) y debe implicar a las grandes corporaciones, que corren el riesgo de quebrar si no cambian su política. Algunas ya han modificado su forma de actuar y han lanzado plataformas de pago con las que es posible descargar sólo aquellas canciones que nos interesen (cuántas veces habremos comprado un CD por cuatro o cinco de sus canciones…). Otra opción ha sido la seguida por varios cantantes: ofrecer gratuitamente sus discos en Internet y basar sus ingresos en las entradas vendidas por cada uno de los conciertos que dan.

Algo claro y que es inadmisible es el “remedio” ideado por la SGAE en España: cobrar una cantidad fija por cada CD, grabadora, cámara, etc… que se vende en España. Este parche (que no ha servido para nada, sólo para enriquecer a un reducido grupo de privilegiados) ha supuesto dos cosas: primero, la criminalización de todos  aquellos que utilizan tecnología, sea del tipo que sea, y, segundo, ha respaldado moralmente a todos los que se hacen ilegalmente con contenidos protegidos (como se está pagando el canon para resarcir a los artistas, estos deberían quedar contentos con la compensación económica procedente del canon que reciben).

Para finalizar, acabe como acabe todo esto, nunca debemos dejar de pensar en que todos tenemos derecho a recibir una recompensa adecuada por nuestro talento y nuestro trabajo sin que nadie pueda robarnos lo que nos pertenece por ley. 

A. Espejo Fernández